El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEC), han elevado a Consejo de Ministros el acuerdo de remisión a Cortes del Tratado sobre Diversidad Biológica Marina en áreas fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ por sus siglas en inglés o Tratado de Alta Mar) para que España pueda prestar su consentimiento y ratificarlo. Tras el paso a Consejo de Ministros, se remite el expediente del acuerdo a las Cortes para su tramitación parlamentaria y posterior aprobación.

Para que el tratado entre en vigor es necesaria la ratificación por parte de 60 países. Se prevé primero la ratificación de la Unión Europea, que como entidad regional supranacional puede ser miembro del acuerdo, que irá seguida de la ratificación por cada uno de los Estados miembros. Por parte de España, existe el compromiso de llevar a cabo la ratificación en el menor plazo de tiempo posible, proceso que deberá contar con la aprobación del Congreso y el Senado.

ACUERDO HISTÓRICO

El Tratado de Alta Mar establece un marco legal robusto para todas las actividades en el océano y los mares: regula las actividades humanas en alta mar, permite su protección mediante la designación de áreas marinas protegidas y establece un mecanismo para compartir equitativamente los beneficios derivados de la explotación de los recursos genéticos marinos. Se trata de un desarrollo normativo de todos los aspectos medioambientales previstos en el Convenio de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (UNCLOS).

Concretamente, establece el compromiso de declarar área protegida un 30 % de la superficie de alta mar antes de 2030. Actualmente sólo está protegido alrededor del 1 %.

El tratado, por tanto, desempeñará un papel crucial en el logro del objetivo global 30×30 acordado durante el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal. España está alineada con este Marco a través del Plan estratégico estatal del patrimonio natural y de la biodiversidad a 2030 y la Declaración del Gobierno ante la Emergencia Climática y Ambiental (2020). En cumplimiento de estos compromisos, nacionales e internacionales, la superficie marina española protegida se eleva en la actualidad al 21%, lo que representa un salto cualitativo desde el 1% de hace tan solo una década, y nos coloca entre los países que más han avanzado en protección marina.