Hoy entra oficialmente en vigor el Acuerdo para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en zonas fuera de la jurisdicción nacional (Tratado de Alta Mar o BBNJ por sus siglas en inglés), en el marco de  la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar. Este acuerdo es el primer instrumento jurídicamente vinculante para proteger la biodiversidad en aguas internacionales, que establece reglas para la conservación y el uso sostenible de ecosistemas marinos. Su campo de actuación son las zonas oceánicas que se encuentran fuera de las aguas nacionales (alta mar) y el área internacional de los fondos marinos, abarcando más de dos tercios de la superficie oceánica del planeta.

España ratificó el acuerdo en febrero de 2025, convirtiéndose en el primer país de la Unión Europea en respaldar este avance histórico y reafirmar su compromiso con la protección de los océanos y su biodiversidad.

El Tratado de Alta Mar introduce herramientas pioneras para la creación de áreas marinas protegidas (AMP) en aguas internacionales, la evaluación de impactos ambientales de actividades humanas, y la distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos. Además, establece obligaciones inmediatas a los países ratificantes, como la notificación pública de actividades en alta mar y la promoción de los objetivos del tratado en otros foros internacionales.

Entre otros avances, destaca la creación de capacidad y la transferencia de tecnología marina hacia países en desarrollo. Además, el tratado incluye una base financiera y un mecanismo de resolución de controversias, así como la creación de órganos específicos de gobernanza.

La primera Conferencia de las Partes (CoP1) se celebrará antes de finales de 2026, y en ella las partes tendrán que adoptar las reglas de procedimiento, fijar los mecanismos financieros, acordar la estructura definitiva de las instituciones del tratado y definir cómo se seleccionarán, aprobarán y gestionarán las primeras áreas marinas protegidas en alta mar. También se abordarán los procesos de evaluación de impacto ambiental y los criterios para el acceso y reparto de beneficios de los recursos genéticos.

La entrada en vigor del acuerdo refuerza el compromiso global de proteger al menos el 30% de los océanos para 2030, una meta clave del Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal y con la que España está alineada.  Actualmente, nuestro país protege ya el 22,5 % del total de sus aguas.

LIFE INTEMARES contribuye a este esfuerzo, avanzando hacia el objetivo de lograr una gestión eficaz de los espacios marinos de la Red Natura 2000, con la participación activa de los sectores implicados y con la investigación como herramientas básicas.

La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico coordina el proyecto. Participan como socios el propio ministerio, a través de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación; la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, así como de la Agencia de Medio Ambiente y Agua; el Instituto Español de Oceanografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas; AZTI; la Universidad de Alicante; la Universidad Politécnica de Valencia; la Confederación Española de Pesca; SEO/BirdLife y WWF España. Cuenta con la contribución del Programa LIFE de la Unión Europea.